El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención General sobre los Derechos del Niño. Este acontecimiento histórico es clave para el desarrollo y aplicación de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Una de sus principales aportaciones es que sienta la base para la aplicación de los derechos de las niñeces y adolescencias a través de cuatro principios:

1. No discriminación (artículo 2): se respetarán los derechos enunciados en la convención y asegurará su aplicación a cada niña y niño independientemente de su sexo, origen étnico, nacionalidad o cualquier otra condición de su persona. Los Estados parte tomarán las medidas apropiadas para garantizar que se vean protegidas y protegidos contra toda forma de discriminación o castigo.

2. El interés superior de la niña y el niño (artículo 3): garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico de las niñeces. De esta manera, lo que el adulto considere “mejor” no puede primar sobre el cumplimiento integral de todos derechos estipulados en la Convención.

3. Vida, supervivencia y desarrollo (artículo 6): implica que los Estados interpreten el término «desarrollo» en su sentido más amplio, como concepto holístico que abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social de niñas y niños.

4. Participación (artículo 12): es importante que niñas, niños y adolescentes sean participantes activos en la promoción, protección y vigilancia de sus derechos, y que se aplique igualmente a todas las medidas adoptadas por los Estados para aplicar la Convención. El derecho a ser escuchadas y escuchados impone a los Estados la obligación de revisar o modificar su legislación para introducir los mecanismos que les den acceso a la información pertinente.